La Constitución de 1978: características, principios, valores superiores y derechos fundamentales

Características generales y estructura territorial del Estado

Para preparar la oposición debes dominar los cimientos de la norma suprema. Conforme a la Disposición final CE, la Constitución española de 1978 entró en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el BOE. A través de la Disposición derogatoria 1 CE, quedó derogada expresamente la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. Fíjate en que el ordenamiento no partió del vacío, sino que liquidó de forma formal las normas precedentes mientras integró singularidades históricas concretas.

La articulación territorial presenta particularidades que debes memorizar para el examen. La Disposición adicional primera CE ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Por su parte, la Disposición adicional tercera CE establece que la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias requiere informe previo de la Comunidad Autónoma. Asimismo, la Disposición transitoria quinta CE prevé que Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos por mayoría absoluta de sus miembros y lo autorizan las Cortes Generales mediante ley orgánica, en los términos del artículo 144 CE.

Los símbolos y sedes oficiales están tasados con rigor. Conforme al art. 5 CE, la capital del Estado es la villa de Madrid. Respecto a la enseña, el art. 4.1 CE fija que la bandera de España tiene tres franjas horizontales (roja, amarilla y roja), con la amarilla de doble anchura que cada roja. En virtud del art. 4.2 CE, las banderas y enseñas propias que reconozcan los Estatutos se utilizarán junto a la bandera de España en los edificios públicos y actos oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas. Ten presente esta regla en los edificios públicos y actos oficiales de las Comunidades Autónomas.

El régimen lingüístico delimita obligaciones y facultades claras para la función pública. El art. 3.1 CE dispone que el castellano es la lengua oficial del Estado, consagrando que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. El art. 3.2 CE complementa este precepto al disponer que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas según sus Estatutos. Por tanto, mientras el castellano implica un deber constitucional universal de conocimiento, las demás lenguas oficiales autonómicas operan bajo el marco estatutario específico.

Principios constitucionales y valores superiores del ordenamiento

El pórtico de la norma define la naturaleza del poder estatal. Según el art. 1.1 CE, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Ese mismo art. 1.1 CE determina que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son los valores superiores del ordenamiento jurídico español. Además, el art. 1.2 CE proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Finalmente, el art. 1.3 CE establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

La cohesión y la descentralización se equilibran en el art. 2 CE. Este precepto prescribe que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. A su vez, el art. 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Recuerda que no son principios contrapuestos, sino bases coordinadas sobre las que opera la distribución de competencias administrativas que estudiarás a fondo.

El sometimiento a la legalidad y la democracia interna son exigencias transversales. El art. 9.1 CE declara que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En el plano de las garantías formales, el art. 9.3 CE garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Por su parte, el art. 6 CE impone que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, exigencia que el art. 7 CE replica exactamente para sindicatos y asociaciones empresariales.

La defensa del orden constitucional cuenta con una reserva específica. Conforme al art. 8.1 CE, las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Su ordenación básica no queda al arbitrio reglamentario: el art. 8.2 CE precisa expresamente que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales. Fíjate en que el constituyente reservó a ley orgánica los pilares castrenses para asegurar la neutralidad y el estricto mandato constitucional.

Derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos

El catálogo de derechos arranca delimitando la capacidad jurídica. El art. 11.2 CE dispone tajantemente que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Por mandato del art. 12 CE, los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. Para los no nacionales, el art. 13.2 CE prevé que, por tratado o ley, atendiendo a reciprocidad, los extranjeros pueden tener sufragio activo y pasivo exclusivamente en elecciones municipales. Asimismo, el art. 13.3 CE excluye de la extradición los delitos políticos, sin considerarse como tales los actos de terrorismo.

La igualdad y la integridad abren el núcleo duro de libertades. Conforme al art. 14 CE, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El art. 15 CE decreta que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Además, el art. 16.2 CE protege la intimidad espiritual al prohibir que nadie pueda ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

La libertad personal impone barreras temporales estrictas a la actuación policial. El art. 17.2 CE ordena que la detención preventiva durará el tiempo estrictamente necesario y como máximo 72 horas para poner en libertad o a disposición judicial. Para atajar arrestos viciados, el art. 17.4 CE exige que la ley regule un procedimiento de habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial de quien esté detenido ilegalmente. En una oficina pública o judicial comprobarás que el vencimiento del plazo de 72 horas sin judicialización convierte el arresto en ilícito.

La vida privada y la expresión gozan de cautelas directas. En el art. 18.2 CE se proclama que el domicilio es inviolable y solo cabe entrada o registro con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. El art. 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones (postales, telegráficas y telefónicas), salvo resolución judicial. Por su parte, el art. 19 CE protege entrar y salir libremente de España sin limitación por motivos políticos o ideológicos. Según el art. 20.2 CE, los derechos del art. 20 CE no pueden restringirse mediante censura previa, y el art. 20.5 CE limita el secuestro de publicaciones a resolución judicial.

Derechos de participación, garantías penales y principios rectores

Las libertades colectivas están diseñadas para operar sin trabas gubernativas preventivas. Según el art. 21.1 CE, el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas no necesitará autorización previa. En cambio, en virtud del art. 21.2 CE, en reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad competente. Respecto a la creación de entidades, el art. 22.4 CE establece que las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada, quedando prohibidas por el art. 22.5 CE las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

En el entorno organizativo y sancionador rigen mandatos tajantes. Por el art. 25.3 CE, la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. En consonancia, el art. 26 CE prohíbe los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. En el sector laboral, el art. 28.1 CE recalca que nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato, mientras que el art. 37.1 CE ordena que la ley garantizará la fuerza vinculante de los convenios colectivos laborales. Para profesiones colegiadas, el art. 36 CE exige estructura y funcionamiento democráticos.

La vertiente económica y social equilibra cargas y derechos prestacionales. El art. 27.4 CE impone que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. En materia fiscal, el art. 31.1 CE dispone que el sistema tributario justo se inspira en los principios de igualdad y progresividad y en ningún caso tendrá alcance confiscatorio, añadiendo el art. 31.3 CE que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Para la propiedad, el art. 33.3 CE exige causa de utilidad pública o interés social e indemnización para privar de bienes o derechos.

Las directrices sociales vinculan la acción de las Administraciones Públicas. En materia urbanística, el art. 47 CE mandata que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Para la inclusión, el art. 49.1 CE garantiza que las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Finalmente, el art. 50 CE obliga a que los poderes públicos garanticen, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

Garantías de los derechos y supuestos de suspensión

El Título I estructura un blindaje judicial y normativo escalonado. El art. 53.1 CE dispone que solo por ley, que respetará su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos del Capítulo II del Título I. Para el nivel máximo de protección, el art. 53.2 CE permite recabar la tutela del art. 14 CE y la Sección 1.ª del Capítulo II ante tribunales ordinarios por preferencia y sumariedad. Asimismo, el art. 53.2 CE reconoce el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para el art. 14 CE, la Sección 1.ª y la objeción de conciencia del art. 30 CE.

Los principios rectores reciben una eficacia condicionada. Según el art. 53.3 CE, los principios del Capítulo III solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen. La hermenéutica general viene fijada por el art. 10.2 CE: las normas sobre derechos fundamentales y libertades se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados ratificados por España. Como comisionado de las Cortes Generales, el art. 54 CE instituye al Defensor del Pueblo para defender los derechos del Título I, regulado por ley orgánica.

El régimen de suspensión distingue con precisión entre situaciones generales e individuales. En crisis generales, el art. 55.1 CE resalta que el derecho a la información de los derechos del detenido y asistencia letrada (art. 17.3 CE) no se suspende en el estado de excepción. Para el ámbito individual, el art. 55.2 CE prevé que una ley orgánica podrá determinar la suspensión de los arts. 17.2, 18.2 y 18.3 CE para personas determinadas investigadas por bandas armadas o terrorismo. Esto exige ley orgánica, intervención judicial y control parlamentario, conllevando responsabilidad penal el uso abusivo o injustificado.

La tabla siguiente resume los distintos niveles de garantías y cauces de exigibilidad judicial previstos en la Constitución española de 1978:

Artículos clave

Esta tabla recopila preceptos fundamentales del temario oficial con el detalle de su contenido normativo exacto para facilitar tu repaso mnemotécnico antes del examen.