La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 19/2013

El art. 1 Ley 19/2013 fija tres fines claros para esta norma. En primer lugar, busca ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. En segundo término, regula y garantiza el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad. Por último, establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, determinando también las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento en el ejercicio de sus cargos.

A los efectos del título I, el art. 2.2 Ley 19/2013 define el concepto de Administraciones Públicas. Abarca a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales. También integra a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras, los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y el resto de entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes.

Determinadas instituciones quedan sujetas al título I únicamente en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Así ocurre con las corporaciones de Derecho Público según el art. 2.1.e) Ley 19/2013. Esta misma regla se aplica expresamente a la Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial en virtud del art. 2.1.f) Ley 19/2013.

Las sociedades mercantiles quedan vinculadas al título I cuando la participación pública en su capital social, directa o indirecta, supere el 50 %, conforme al art. 2.1.g) Ley 19/2013. Por su parte, el art. 2.1.i) Ley 19/2013 aclara que en los órganos de cooperación las obligaciones de la ley las cumple la Administración que ostente su Secretaría. Asimismo, los adjudicatarios de contratos del sector público deben suministrar a la Administración la información necesaria según el art. 4 Ley 19/2013.