Procedimiento administrativo común, revisión de los actos y recurso contencioso-administrativo

Ámbito subjetivo y objetivo de las Leyes 39/2015 y 40/2015

Para preparar con rigor tu examen oficial debes delimitar con exactitud qué regula cada texto legal. El art. 1 de la Ley 40/2015 establece las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora, junto con la organización de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. Por su parte, el art. 1.2 de la Ley 39/2015 fija que solo por ley y de forma motivada podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los comunes, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento.

Debes tener presente la composición del sector público que diseña la norma. Conforme al art. 2.1 de la Ley 39/2015, este sector comprende la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas, las Entidades Locales y el sector público institucional. Además, según el art. 2.3 de la Ley 40/2015, tienen consideración formal de Administraciones Públicas la AGE, las administraciones autonómicas, las entidades locales y sus organismos y entidades de derecho público. Recuerda que no todas las entidades del sector público son Administraciones Públicas en sentido estricto.

Fíjate en las reglas particulares para sujetos específicos. El art. 2.2.b de la Ley 39/2015 dispone que las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas se sujetan a las normas de la Ley 39/2015 que específicamente se refieran a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Las Universidades públicas se rigen por su normativa específica y supletoriamente por el art. 2.2.c de la Ley 39/2015. Asimismo, las Corporaciones de Derecho Público aplican su legislación propia en sus funciones públicas atribuidas o delegadas y, de forma supletoria, el art. 2.4 de la Ley 39/2015.

Por vía reglamentaria pueden establecerse especialidades procedimentales sobre órganos competentes, plazos propios por razón de la materia, iniciación, terminación, publicación e informes, según el art. 1.2 de la Ley 39/2015. Asimismo, debes vigilar quiénes están forzados a usar medios electrónicos. El art. 14.2.a y 14.2.b de la Ley 39/2015 obliga a las personas jurídicas y a entidades sin personalidad jurídica. El art. 14.2.c y 14.2.d de la Ley 39/2015 extiende esta obligación a profesionales de colegiación obligatoria en sus trámites profesionales y a quienes representen a un interesado obligado.