La Constitución de 1978, la Corona, las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional

Estructura y principios fundamentales de la Constitución de 1978

Debes situar la norma fundamental en el vértice del ordenamiento. El art. 1.1 CE define a España como un Estado social y democrático de Derecho, proclamando como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El art. 1.2 CE sitúa la soberanía nacional en el pueblo español, origen único de los poderes del Estado. Por su parte, el art. 1.3 CE establece la Monarquía parlamentaria como forma política estatal. El art. 2 CE fundamenta el texto en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

El art. 9.1 CE vincula directamente a ciudadanos y poderes públicos con la Constitución y el resto del ordenamiento. En el ámbito sancionador administrativo y penal, el art. 9.3 CE garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Este principio impide aplicar castigos retroactivos perjudiciales ante infracciones previas. El art. 10.1 CE erige la dignidad de la persona, los derechos inviolables inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y derechos ajenos como fundamento del orden político y la paz social.

En cuanto a las bases del estatuto personal recogidas en el texto, el art. 11.2 CE prohíbe tajantemente privar de su nacionalidad a ningún español de origen. Por su parte, el art. 12 CE fija la mayoría de edad de los españoles a los dieciocho años cumplidos. Esta cifra determina la plena capacidad de obrar general en el ámbito civil, administrativo y procesal, marcando hitos como la adquisición del derecho de sufragio activo o el régimen general de responsabilidades ante las distintas instancias judiciales.

La Corona: estatuto, sucesión, regencia y atribuciones

El art. 56.1 CE define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. El art. 56.3 CE declara su persona inviolable y no sujeta a responsabilidad. El art. 64.2 CE traslada la responsabilidad directa de sus actos a las personas refrendantes. El art. 56.3 CE y el art. 65.2 CE determinan que sus actos carecen de validez sin refrendo, salvo el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa.

La sucesión al trono sigue en el art. 57.1 CE el orden de primogenitura y representación: línea anterior sobre posteriores; grado más próximo sobre remoto; varón sobre mujer; y mayor edad sobre menor edad. El art. 57.3 CE dispone que, extinguidas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán la sucesión según convenga a España. Quienes tengan derecho a la sucesión y se casen contra la prohibición expresa del Rey y las Cortes quedan excluidos de la sucesión por sí y sus descendientes según el art. 57.4 CE. El art. 57.5 CE exige ley orgánica para abdicaciones, renuncias y dudas sucesorias.

Para la Regencia, el art. 59.4 CE exige ser español y mayor de edad. Por el art. 59.1 CE, ante la minoría de edad del Rey, ejercerá inmediatamente la Regencia el padre o la madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona. Ante la inhabilitación del Rey reconocida por las Cortes, el art. 59.2 CE llama al Príncipe heredero mayor de edad. Si no hay regente legítimo, el art. 59.3 CE faculta a las Cortes para nombrar una Regencia de una, tres o cinco personas. Por el art. 60.1 CE, el tutor testamentario debe ser mayor de edad y español de nacimiento, y los cargos de Regente y tutor solo se acumulan en padre, madre o ascendientes directos.

Las funciones regias son tasadas. Corresponde al Rey sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver Cortes, convocar elecciones y convocar referéndum consultivo autorizado por el Congreso a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 62.a-c CE y art. 92.2 CE). El art. 62.h-j CE le atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el Alto Patronazgo de las Reales Academias. Ejerce la gracia sin autorizar indultos generales según el art. 62.i CE. Por el art. 63.3 CE declara la guerra y hace la paz previa autorización de las Cortes. Por el art. 64.1 CE el Presidente del Congreso refrenda la propuesta, el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución de Cortes por investidura fallida.

Cortes Generales: composición, estatuto y funcionamiento

El art. 66 CE establece que las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y son inviolables. El art. 67.1 CE prohíbe ser miembro de ambas Cámaras simultáneamente o acumular acta de Asamblea autonómica con la de Diputado al Congreso. Los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo según el art. 67.2 CE. Por el art. 68.1 CE, el Congreso cuenta con un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El art. 68.2 CE asigna un Diputado a Ceuta y uno a Melilla.

El art. 68.6 CE exige celebrar elecciones entre treinta y sesenta días desde que termine el mandato, y convocar al Congreso electo dentro de los veinticinco días posteriores a los comicios. En el Senado, el art. 69.2 CE fija cuatro Senadores por provincia peninsular. El art. 69.3 CE asigna tres Senadores a Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno a cada isla o agrupación menor indicada. El art. 69.4 CE otorga dos Senadores a Ceuta y dos a Melilla. Las Comunidades Autónomas designan un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio conforme al art. 69.5 CE.

Los parlamentarios gozan de garantías institucionales. Por el art. 71.2 CE solo pueden ser detenidos en flagrante delito y no cabe inculparlos ni procesarlos sin previa autorización de su Cámara. Para las causas contra ellos, el art. 71.3 CE atribuye la competencia a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En su funcionamiento, el art. 72.1 CE exige mayoría absoluta sobre la totalidad para aprobar o reformar los Reglamentos de las Cámaras. El art. 73.1 CE fija dos períodos ordinarios anuales: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. El voto es personal e indelegable según el art. 79.3 CE.

El art. 78.1 CE crea en cada Cámara una Diputación Permanente con un mínimo de veintiún miembros en proporción a los grupos parlamentarios. El art. 75.3 CE excluye de la delegación en Comisiones Legislativas Permanentes la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. Por último, el art. 76.1 CE precisa que las conclusiones de las Comisiones parlamentarias de investigación no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a resoluciones judiciales, salvaguardando así la función juzgadora frente al debate político.

Elaboración de las leyes y normas con rango de ley

El art. 81.2 CE exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto para aprobar, modificar o derogar leyes orgánicas. Para tramitar leyes, el art. 90.2 CE prevé que el Senado apruebe su veto por mayoría absoluta dentro de los dos meses siguientes a recibir el texto. El art. 90.3 CE reduce este plazo de dos meses a veinte días naturales si el proyecto fue declarado urgente. Una vez aprobado definitivamente por las Cortes, el art. 91 CE concede al Rey un plazo de quince días para sancionarlo; también lo promulgará y ordenará su inmediata publicación.

La iniciativa legislativa popular se articula en el art. 87.3 CE requiriendo no menos de 500.000 firmas acreditadas. Quedan expresamente excluidas de esta iniciativa las materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y lo relativo a la prerrogativa de gracia. En sede de delegación legislativa, el art. 82.2 CE exige formular una ley de bases si el objetivo es obtener un texto articulado, mientras que se emplea una ley ordinaria cuando se autoriza al Gobierno a refundir varios textos legales en uno solo.

Las leyes de bases tienen límites estrictos: el art. 83 CE prohíbe que autoricen la modificación de la propia ley de bases o faculten para dictar normas con carácter retroactivo. Para circunstancias extraordinarias, el art. 86.1 CE delimita el Decreto-ley impidiendo afectar a instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades del Título I, régimen autonómico o Derecho electoral general. Según el art. 86.2 CE, debe someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, convocándose al efecto si no estuviese reunido.

El Tribunal Constitucional: composición y competencias

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. El art. 159.1 CE fija su composición en 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por tres quintos, cuatro del Senado por idéntica mayoría, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. El art. 159.2 CE exige nombrarlos entre Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios y Abogados, juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. El art. 159.3 CE señala que se nombran por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres.

La LOTC precisa la estructura interna de la institución. El art. 16.1 LOTC exige que los órganos proponentes garanticen un mínimo de un cuarenta por ciento de cada sexo. El art. 16.4 LOTC prohíbe proponer a un Magistrado para otro mandato inmediato, salvo si ocupó el cargo por tiempo no superior a tres años. El art. 160 CE encomienda al Rey nombrar al Presidente a propuesta del Pleno por un período de tres años. Conforme al art. 7.1 LOTC existen dos Salas de seis Magistrados nombrados por el Pleno: la Sala Primera la preside el Presidente del Tribunal y la Sala Segunda el Vicepresidente (art. 7.2-3 LOTC).

Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las Salas constituyen Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados, según el art. 8.1 LOTC. En garantías y competencias, el art. 162.1.a CE legitima para el recurso de inconstitucionalidad al Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, órganos colegiados ejecutivos autonómicos y, en su caso, sus Asambleas. El art. 161.2 CE prevé la suspensión cautelar de disposiciones autonómicas impugnadas por el Gobierno, debiendo ratificarse o levantarse en no más de cinco meses. El art. 164.1 CE otorga a las sentencias constitucionales valor de cosa juzgada desde el día siguiente a publicarse en el BOE, sin recurso alguno contra ellas.

Artículos clave

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