La modernización de la oficina judicial: Nuevo modelo de organización judicial. La eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios: su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Administración de justicia y las nuevas tecnologías: Presentación de escritos y documentos por vía telemática. Concepto de expediente digital y firma digital. La Videoconferencia. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.
Enunciado del programa publicado en el BOE.
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Pregunta 1
Un ciudadano presenta una solicitud en la Oficina judicial de un Tribunal de Instancia para ejercitar su derecho de rectificación respecto a determinados datos personales incorporados a un procedimiento civil que le afecta directamente. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿con arreglo a qué normas debe tramitarse esta solicitud?
Respuesta correcta: b)Según el artículo 236 septies.1 de la LOPJ, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación relativos al tratamiento con fines jurisdiccionales se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación al proceso en que los datos fueron recabados. En consecuencia, la normativa procesal reguladora de la causa rige la tramitación frente a la normativa administrativa general.
Pregunta 2
¿Cuál de los siguientes fines figura entre los que pueden justificar la limitación de derechos prevista en el artículo 23 del RGPD?
Respuesta correcta: a)El art. 23.1, letra f), RGPD incluye entre los fines habilitantes la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales. Los intereses comerciales del responsable, la simplificación administrativa interna y la mejora de la calidad del servicio no aparecen en la enumeración del precepto.
Pregunta 3
Conforme al Real Decreto 1065/2015, si no es posible presentar escritos en plazo por una interrupción no planificada del servicio de comunicaciones electrónicas, ¿cómo y cuándo puede proceder el remitente a su presentación?
Respuesta correcta: b)El artículo 12.2 del RD 1065/2015 determina que, en caso de interrupción no planificada, el remitente podrá proceder a su presentación en el órgano u oficina judicial o fiscal el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción. No concede plazos de tres días ni de cuarenta y ocho horas.
Pregunta 4
Durante la práctica de actuaciones de investigación sobre una posible infracción en el tratamiento de datos en un Tribunal de Instancia, la autoridad competente del Consejo General del Poder Judicial aprecia indicios claros de que el asunto entra en el ámbito de competencias de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué trámite preceptivo debe realizar de forma inmediata dicha autoridad?
Respuesta correcta: c)El artículo 236 octies.4 de la LOPJ señala expresamente que cuando las autoridades competentes apreciasen indicios que supongan la competencia de otra autoridad con ocasión de actuaciones de investigación, darán inmediatamente traslado a esta última a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento, descartando el archivo o el planteamiento de conflictos procesales previos.
Pregunta 5
Según el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos, como regla general y salvo supuestos específicos de comunicación, ¿cuál es el plazo máximo del que dispone el responsable para facilitar la información al interesado cuando los datos personales no se hayan obtenido de este?
Respuesta correcta: c)El art. 14.3.a) del RGPD dispone que el responsable facilitará la información dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos.
Pregunta 6
En un Tribunal de Instancia, el Letrado de la Administración de Justicia traslada a la oficina judicial la consulta de un consejo profesional que desarrolla sus funciones principalmente en el ámbito de la Justicia y que desea intervenir en los proyectos de mejora de la oficina. Conforme al artículo 434 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cómo se articula esa participación?
Respuesta correcta: d)El artículo 434 bis LOPJ prevé que, con el mismo objetivo de mejora continua, se establezcan cauces que permitan la participación de los Consejos Profesionales que desarrollan sus funciones, principalmente, en relación con la Administración de Justicia. La opción que extiende los cauces a cualquier colegio profesional prescinde del requisito de que sus funciones se vinculen principalmente a la Administración de Justicia, matiz que la norma sí exige.
Pregunta 7
En la Oficina de Justicia en el municipio, el juez o jueza de paz dispondrá de:
Respuesta correcta: b)El art. 439 ter.2 LOPJ dispone que en la Oficina de Justicia el juez o jueza de paz dispondrá de recursos y espacios suficientes y adecuadamente señalizados. No se garantiza por la norma un despacho con archivo y sala de vistas propia, ni personal auxiliar municipal adscrito, ni que los equipos informáticos sean de titularidad municipal, pues los sistemas y equipos informáticos los facilitan el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias asumidas.
Pregunta 8
Conforme al artículo 434 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿qué actuaciones procesales deben poder desarrollarse íntegramente en todas las lenguas oficiales del Estado como objetivo prioritario de la cooperación interadministrativa?
Respuesta correcta: b)El artículo 434 bis de la LOPJ delimita expresamente el alcance material al conjunto del procedimiento, las comunicaciones y actos de impulso procesal, garantizando así el respeto de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Las demás alternativas restringen erróneamente el mandato a tipos concretos de actos o trámites.
Pregunta 9
Conforme al artículo 61 del Real Decreto-ley 6/2023, si tras impugnarse la identificación en una videoconferencia las comprobaciones de la Administración competente ofrecen resultado positivo, ¿a quién corresponden las costas, gastos y derechos que origine dicha comprobación?
Respuesta correcta: b)El artículo 61.3 del Real Decreto-ley 6/2023 dispone que, si las comprobaciones ofrecen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la identificación, siendo las costas, gastos y derechos derivados de la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. No se distribuyen a partes iguales ni se imputan a la Administración.
Pregunta 10
Un órgano gestor recogió datos para tramitar una beca y, meses después, proyecta utilizarlos para elaborar un estudio estadístico con un fin distinto, sin haberlo informado al recogerlos. ¿Qué debe hacer antes de ese tratamiento ulterior?
Respuesta correcta: b)El art. 13.3 RGPD obliga, antes del tratamiento ulterior para un fin distinto, a informar sobre ese otro fin y sobre cualquier información adicional pertinente del apartado 2. La información inicial no cubre un nuevo fin no informado, y no se exige autorización previa de la autoridad de control.
Pregunta 11
Un ciudadano se dirige por escrito a la unidad responsable del tratamiento de un Ministerio y solicita la supresión de sus datos personales, que ya no son necesarios para los fines para los que se recogieron. ¿Qué actuación procede?
Respuesta correcta: a)El art. 17.1 RGPD reconoce al interesado el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable la supresión de los datos cuando ya no sean necesarios para los fines de su recogida, siendo el responsable quien está obligado a suprimir. El Delegado de Protección de Datos asesora y supervisa, pero no sustituye al responsable en la ejecución de la supresión, y la autoridad de control no autoriza previamente cada supresión.
Pregunta 12
Antes de implantar un sistema de gestión de expedientes que implica un tratamiento de alto riesgo, la unidad responsable encarga una evaluación de impacto y consulta al delegado de protección de datos, que después comprueba cómo se aplica lo previsto. Según el artículo 39 del RGPD, ¿qué corresponde al delegado en relación con esa evaluación de impacto?
Respuesta correcta: a)El art. 39.1.c) RGPD atribuye al delegado la función de ofrecer el asesoramiento que se le solicite sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación conforme al art. 35. No le corresponde elaborarla ni decidir sobre la licitud del tratamiento, que siguen siendo tareas del responsable.
Pregunta 13
El número de identificación general asignado a cada expediente judicial electrónico tiene carácter:
Respuesta correcta: c)El art. 47.2 del RDL 6/2023 establece que el número de identificación general será único e inalterable durante todo el proceso, permitiendo la identificación unívoca del expediente. No se renueva por fases ni lo asignan las partes.
Pregunta 14
Tras interconectarse con LexNET, el Consejo General de Procuradores de España debe mantener sus plataformas y aplicaciones interoperables. Un organismo autonómico sostiene que corresponde al Ministerio de Justicia actualizar esas aplicaciones. ¿Qué establece el Real Decreto 1065/2015?
Respuesta correcta: c)El art. 15.2 del RD 1065/2015 dispone que la actualización e interoperabilidad de los sistemas de los Consejos Generales será competencia exclusiva de los mismos. El Ministerio de Justicia conserva la responsabilidad sobre el funcionamiento, custodia y seguridad de LexNET, pero no asume la actualización de las plataformas de los Consejos Generales. Tampoco se atribuye esa competencia al Consejo General del Poder Judicial.
Pregunta 15
En un Tribunal de Instancia, ¿a partir de cuántas plazas judiciales de una misma sección debe existir al menos un área del servicio común de tramitación para la ordenación de los procedimientos de que conozca esa sección?
Respuesta correcta: b)El art. 437.3, párrafo segundo, LOPJ impone que exista al menos un área para la ordenación de los procedimientos cuando el número de plazas judiciales de una misma sección del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce, pudiendo extenderse a otras secciones del mismo orden jurisdiccional. Las cifras restantes no figuran en el precepto y suelen confundirse con otros umbrales organizativos.
Pregunta 16
En lo no regulado por el Real Decreto-ley 6/2023 o en su desarrollo reglamentario para la Carpeta Justicia, ¿qué disposiciones resultan de aplicación supletoria, siempre que por su naturaleza resulten compatibles?
Respuesta correcta: a)Conforme al artículo 13.4 del RDL 6/2023, en todo aquello que no esté regulado en dicho real decreto-ley o en su desarrollo reglamentario, se aplicarán las disposiciones reglamentarias establecidas para la Carpeta Ciudadana del Sector Público Estatal, siempre que por su naturaleza resulten compatibles.
Pregunta 17
Un interesado presenta de forma reiterada solicitudes de acceso a los datos que un organismo público trata sobre él, y el responsable las considera manifiestamente repetitivas, por lo que se plantea negarse a actuar o cobrar un canon. Si el interesado discute ese carácter repetitivo, ¿sobre quién recae la carga de demostrar que las solicitudes son manifiestamente infundadas o excesivas?
Respuesta correcta: d)El art. 12.5 RGPD establece la gratuidad de la información y de las actuaciones, y solo permite cobrar un canon razonable o negarse a actuar ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, correspondiendo al responsable soportar la carga de demostrar ese carácter. No recae, por tanto, en el interesado ni se distribuye entre las partes.
Pregunta 18
¿En cuál de los siguientes supuestos se requiere en particular una evaluación de impacto relativa a la protección de datos conforme al RGPD?
Respuesta correcta: a)El artículo 35.3, letra c), incluye entre los supuestos que requieren en particular la evaluación la observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. El tratamiento a pequeña escala de datos de salud no alcanza la exigencia de gran escala del artículo 35.3, letra b).
Pregunta 19
Finalizada la prestación de los servicios de tratamiento, el encargado deberá:
Respuesta correcta: b)El art. 28.3, letra g), RGPD atribuye al responsable la elección entre supresión y devolución, y ordena suprimir las copias salvo que su conservación venga exigida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. No se permite una conservación meramente autorizada por el responsable ni se impone en todo caso la devolución.
Pregunta 20
El certificado expresivo de la imposibilidad de que el sistema LexNET o las plataformas de los Consejos Generales profesionales presten servicio, a efectos de que el destinatario pueda justificar la falta de acceso por causas técnicas, se expide por:
Respuesta correcta: a)El art. 16.1 del RD 1065/2015 prevé que, previa solicitud, se expida justificante de la interrupción del servicio o certificado del Consejo General Profesional correspondiente, expresivo de la imposibilidad, del tiempo que permaneció inactivo y de las causas, con los efectos del párrafo segundo del art. 162.2 LEC. El administrador del sistema custodia la información acreditativa de las transacciones, pero no es quien emite ese certificado de imposibilidad técnica.
Pregunta 21
Una entidad privada que presta servicios auxiliares a una Administración Pública tiene sedes en España, Francia y Alemania, situándose en Madrid su administración central en la Unión. No obstante, las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento de datos de este servicio se adoptan de forma efectiva y con poder vinculante en su sede de Lyon (Francia). A efectos del Reglamento General de Protección de Datos, ¿cuál se considera el establecimiento principal de este responsable?
Respuesta correcta: b)Según el art. 4.16.a) RGPD, se considera establecimiento principal el lugar de la administración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión y este último tenga el poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento que haya adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal. Por ello, la sede de Lyon tiene la consideración de establecimiento principal y no la administración central de Madrid.
Pregunta 22
Conforme al Real Decreto-ley 6/2023, ¿a quién atribuye la ley la responsabilidad respecto de la veracidad e integridad del contenido que se deba incluir en la sede judicial electrónica?
Respuesta correcta: a)El artículo 11 del Real Decreto-ley 6/2023 dispone que el órgano que origine la información que se deba incluir en la sede judicial electrónica será el responsable de la veracidad e integridad de su contenido. La ley hace recaer esta responsabilidad de fondo directamente sobre el órgano emisor de la información y no sobre los técnicos de soporte ni sobre el Letrado de la Administración de Justicia.
Pregunta 23
Conforme al Real Decreto-ley 6/2023, entre los servicios electrónicos que deben garantizarse figura la identificación y firma no criptográfica:
Respuesta correcta: b)El art. 4.1.o RDL 6/2023 incluye la identificación y firma no criptográfica en actuaciones y procedimientos judiciales por videoconferencia y en servicios y actuaciones no presenciales. No se refiere a la firma en la presentación de escritos ni a la conservación a largo plazo de expedientes.
Pregunta 24
Para el seguimiento y control de las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas en los Tribunales de Instancia, los sistemas de información deben incorporar indicadores de gestión. ¿Qué órganos son los encargados de establecer dichos indicadores en el ámbito de sus respectivas competencias?
Respuesta correcta: d)El art. 58.3 del RDL 6/2023 preceptúa que los sistemas incluirán los indicadores de gestión que se establezcan por la Comisión Nacional de Estadística Judicial y el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, cada uno en el ámbito de sus competencias. Los otros órganos citados en los distractores no son los contemplados en este apartado.
Pregunta 25
A tenor del artículo 439 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las agrupaciones de Oficinas de Justicia de municipios limítrofes, ¿a qué órgano corresponde nombrar personal para auxiliar al de la Administración de Justicia en los municipios integrados no dotados con personal propio de dicha Administración?
Respuesta correcta: c)Según el artículo 439 quinquies.3 de la LOPJ, para la atención en las Oficinas integradas en agrupaciones no dotadas con personal de la Administración de Justicia, los ayuntamientos nombrarán personal funcionario, laboral o, en su defecto, persona idónea para auxiliar a dicho personal. No corresponde al Ministerio de Justicia ni a la comunidad autónoma.
Este tema también entra en Auxiliar Administrativo del Estado (bloque I, tema 12) y en Tramitación Procesal (tema 10).
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