Los procedimientos penales: ordinario, abreviado, delitos leves, jurado y juicios rápidos

Criterios generales de competencia y el juicio sobre delitos leves

Debes tener muy clara la nueva estructura organizativa judicial introducida por la Ley Orgánica 1/2025. Los antiguos juzgados unipersonales se han transformado en Tribunales de Instancia estructurados internamente en secciones operativas. En el ámbito penal, la instrucción de las causas penales corresponde con carácter ordinario a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido en que se hubiere cometido el delito, con arreglo al art. 14.2 LECrim. Esta distribución competencial básica garantiza el inicio ordenado de los diferentes cauces procesales penales.

Para el enjuiciamiento de las infracciones menores, el art. 14.1 LECrim atribuye el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. Existe una excepción competencial expresa cuando el asunto corresponda a las secciones con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia. En tu labor diaria de auxilio deberás comprobar siempre esta atribución material antes de realizar cualquier notificación o citación dirigida a las partes del proceso.

Cuando el delito conlleva mayor gravedad, el art. 14.3 LECrim fija los límites de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. Esta sección enjuicia los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años o con pena de multa de cualquier cuantía. Asimismo, asume el conocimiento de delitos castigados con penas no privativas de libertad cuya duración no exceda de diez años. Como regla general, toda infracción que supere estos límites cuantitativos queda fuera de la competencia objetiva de dicha Sección de lo Penal.

En los demás supuestos que superen dichos umbrales, el art. 14.4 LECrim establece que conoce y falla la Audiencia Provincial de la circunscripción territorial correspondiente. Quedan a salvo de esta regla las competencias expresamente atribuidas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los enjuiciamientos reservados por ley al Tribunal del Jurado. De este modo, la gravedad formal de la pena abstracta y la materia regulada determinan con exactitud qué órgano judicial asume la fase decisoria del proceso penal.